¿Cómo es que ahora les entra el tembleque?

¿No eran solo cuatro gatos los que se manifestaban?

¿No empieza a oler este concurso eólico a POL?

Esto es lo que publica hoy el Diario Bilbainés.

El Gobierno estudia cautelas legales que

podrían retrasar el Plan Eólico

La medida principal sería la reforma del Plan Energético de Cantabria para dar cobertura a la potencia eólica que prevé el concurso

El Gobierno regional estudia introducir cautelas legales para salvar el Plan Eólico, o al menos para consolidar su viabilidad jurídica. En todo caso, si finalmente se aprueban, medidas de ese tenor podrían suponer un retraso sustancial del más relevante proyecto del Gobierno de Cantabria de los últimos años, rechazado por el PP, por diversos grupos sociales y por un sector de la población, difícilmente cuantificable, y que también está amenazado por las acciones legales presentadas ante diferentes instancias, hasta el momento por los ecologistas de ARCA y por el Ayuntamiento de Liérganes.

El Gobierno regional aborda desde hace semanas los aspectos legales del Plan Eólico, en un intenso debate interno en el que se contemplan las consideraciones puramente jurídicas, las sensibilidades distintas de los dos partidos -PRC y PSOE- y naturalmente el tiempo político, que discurre a 17 meses vista de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011.

Una idea principal en esta discusión es la posibilidad de introducir en la resolución del concurso eólico, anunciado por el Gobierno para este mes de enero, algunas precauciones legales que refuercen la viabilidad jurídica del Plan Eólico.

Impacto ambiental

Desde esta perspectiva, lo primordial sería reformar el Plan Energético de Cantabria (Plenercan) de modo que el futuro Plan Eólico se ajuste a sus directrices técnicas y de impacto ambiental. El concurso eólico no es un plan y por ello no está sometido a evaluación ambiental pero sí el conjunto del Plan Energético. El actual Plenercan (2007-2011) identifica tres zonas para la implantación de parques eólicos con una potencia de 300 megavatios, en tanto que el proyecto eólico fija una potencia máxima de 1.400 megavatios en siete zonas.

El consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, cuyo departamento está a cargo de los servicios jurídicos del Ejecutivo, ya ha informado a sus compañeros del Consejo de Gobierno y tiene una opinión jurídica muy clara sobre el asunto y los pasos a seguir:

«En la resolución del concurso, al asignar la zona y potencia eólica a las empresas adjudicatarias, debe haber constancia clara y expresa de que la asignación no determina, por sí misma, el derecho a implantar parques eólicos en las condiciones prefijadas, sino que ello dependerá del cumplimiento de la normativa vigente, y en concreto, del Plenercan, y de la correspondiente evaluación ambiental, no de cada parque sino conjunta de aquellos parques que utilicen en común líneas de evacuación, subestaciones o compartan infraestructuras».

«Conviene, asimismo -explica Mediavilla- tramitar una reforma del Plenercan que dé cobertura a la potencia eólica que se contempla en el concurso. Y esta reforma debe sujetarse, como el Plenercan originario, a evaluación ambiental . Esta revisión es, además, necesaria para adaptar el Plan Energético a la Directiva de Energías Renovables».

El comité de evaluación del Plan Eólico (tres miembros del PSOE y dos del PRC), y en todo caso, el Consejo de Gobierno deberán resolver si se introducen en la resolución del concurso estas cautelas legales.

A este respecto, está claro que el PRC es partidario de extremar el rigor legal en el Plan Eólico, a costa de retrasar su tramitación lo que sea necesario, incluso hasta después de los comicios, y quizá desde la idea de que no todo su electorado comparte el proyecto. Pero es el PSOE el partido que ha liderado una iniciativa llamada a ser inicialmente una baza muy potente para el voto progresista en 2011. Con dos sensibilidades tan dispares, el Plan Eólico está en el aire.